LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO REQUIERE PROFUNDAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES.

Por: Carmen Reina, directora del IDR

Guatemala, a pesar de ser un país con gran diversidad biológica natural, es uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático.  Esto es causado por la acción humana y la carencia de políticas públicas efectivas que pongan freno a este proceso de degradación ambiental y social.

Una de las principales preocupaciones durante el 2012 ha sido el recrudecimiento de la sequía en el llamado “corredor seco”, que abarca zonas en proceso de desertificación que van desde el sur de Baja Verapaz, hasta Chiquimula, en la frontera con Honduras.  El impacto más grave se sufrió ya con el incremento de casos de desnutrición aguda y crónica de infantes, el aumento generalizado de los precios de los granos básicos para alimentación y la pérdida de cultivos por las faltas de lluvias, además de la entrega tardía de fertilizantes.

El más reciente Perfil Ambiental publicado en Guatemala (2006)  señala algunas de las causas principales de este fenómeno:

- El 25% de las tierras de vocación forestal se utiliza para cultivos
tradicionales, a la par de que el 63.9% del territorio nacional
presenta un nivel alto de degradación.
- Los bosques continúan desapareciendo. En los últimos 50 años se
perdió casi el 69% de los bosques y la cobertura forestal se
pierde a razón de 73,000 hectáreas por año.
- Como mínimo, el 18% de la totalidad de especies de vida
silvestre identificadas en el país se encuentra amenazada por
destrucción de tierras y bosques, y por explotación intensiva.
- La distribución del recurso hídrico es irregular con respecto al
consumo y las fuentes de agua presentan una contaminación
generalizada.
- El 80% de los desechos sólidos recolectados se depositan a cielo
abierto.
- Guatemala es cada vez más vulnerable a los fenómenos
ambientales y a la variabilidad climática.

Guatemala supuestamente cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático y un Plan de Conservación de las Regiones Secas de Guatemala, a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas; los departamentos con mayor extensión total de sistemas ecológicos secos son El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Baja Verapaz.  A pesar de lo anterior, los esfuerzos públicos son insuficientes e insostenibles para paliar el proceso creciente de desertificación y de inseguridad alimentaria.  Esto aplica en los retos para hacer reales políticas de recuperación de suelos y de combate decidido al hambre.

La intervención de los distintos actores de sociedad civil y Estado deberán implementar las medias que garanticen la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza rural y el hambre, acciones que ayudarán significativamente  a construir la resistencia a los problemas ambientales nacionales.

El IDR es parte de dos campañas nacionales que promueven e inciden por la vigencia del Derecho Humano a la Alimentación y buscan que la violación a los mismos sean justiciables.  Así, las campañas de Guatemala Sin Hambre y Vamos al Grano –CRECE- realizan esta labor.

Debemos hacernos responsables de que estas tragedias humanitarias, que principalmente afectan a niños y niñas no continúen.   No podemos permanecer insensibles cuando 5 de cada 100 mujeres en Chiquimula deben caminar hasta dos horas para conseguir una cubeta de agua para sostener sus pequeñas hortalizas y para el saneamiento, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

De ahí, que buscamos impulsar procesos de atención integral y de prevención de este desastre, para promover una vida digna para las comunidades. Esto requiere una intervención decidida desde el Estado, que frene las acciones que vulneran al ambiente y vida de las comunidades y transformen el modelo de desarrollo de Guatemala hacia un proceso más armónico con la Naturaleza y la vida.

LOS RETOS DEL DESARROLLO RURAL

LOS RETOS DEL DESARROLLO RURAL:

Carmen Reina, Directora del IDR.

La problemática rural, la necesidad de transformaciones en el agro y de cambiar el régimen de propiedad sobre la tierra han sido aspectos suficientemente abordados por las Ciencias Sociales y el movimiento campesino en Guatemala.  En el presente año, en el mes de abril, una marcha campesina caminó por 9 días desde Alta Verapaz hasta la Ciudad Capital y colocó en agenda pública el debate de resolver los problemas del desarrollo rural.  Las demandas abordaba temas históricos, estructurales, como de más reciente complejidad: la condonación de la deuda agraria, particularmente  la Chortí, moratoria a concesiones mineras, la aprobación de la ley de Desarrollo Rural, cese de desalojos y aplicación de las medidas cautelares y solución a la problemática generada por desalojos y el Ingenio Chawil Utzaj en el Polochic, entre otros.  Además, impulsar políticas que impulsen el desarrollo rural y atiendan la problemática campesina de manera urgente.

La problemática de la tierra es fundamental en Guatemala, uno de los países de América Latina donde mayor concentración de la tierra se presenta. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, el 96% de los productores solamente trabajan el 20% de la tierra y viven en condiciones de infrasubsistencia y subsistencia, mientras el 0.2% de los productores poseen el 70% de la tierra, la cual usan para la producción de agroexportación. 

Esta realidad persiste desde el modelo colonial, en el cual luego del despojo campesino con la invasión española,  se configuró la dualidad del modelo rural latifundio/minifundio, que en la Reforma Liberal, como modelo de acumulación originaria de Capital, permitió enlazar a Guatemala a la agroexportación cafetalera.   Así la economía guatemalteca se vinculó al mercado internacional, en el marco de reproducción de relaciones sociales y salariales no capitalistas, sino cuasi serviles.

En la historia nacional se registra la Reforma Agraria arbencista como el único intento de ruptura del modelo concentrador de la tierra para la agroexportación.  Al ser truncado este esfuerzo en la contrarevolución de 1954 fue el caldo de cultivo para las luchas campesinas que se vincularon al movimiento revolucionario y que alimentaron la lucha guerrillera de 30 años en Guatemala.  Al firmarse la Paz, incluso, un tema nodal abordado en los Acuerdos fue el de la Situación Agraria, considerando que la pobreza y exclusión de la población campesina fue una de las causas centrales del Conflicto Armado Interno.

De ahí en adelante se impulsaron una serie de modelos, instituciones y políticas en función de atender la problemática rural, con magros resultados.  Las organizaciones campesinas mantienen luchas y demandas porque el Estado responda con políticas públicas hacia la pobreza, falta de tierras para cultivo, empleos, carencia de asistencia técnica, insumos, mercado para productos, entre otras.  El modelo exportador, luego de la crisis internacional de precio del café, tornó a la diversificación de cultivos.  Los agroexportadores se cifraron en ampliar la producción de caña, palma africana, frutas, vegetales y otros cultivos no tradicionales, aunque el café no pierde su peso en la economía nacional.

Además de lo anterior, se profundiza y amplía otro modelo que afecta las tierras y territorios campesinos e indígenas: la exploración de petróleo, minería, construcción de hidroeléctricas e infraestructura con presencia de empresas trasnacionales.  La industria extractiva inicia otra fase de reconcentración de las tierras que otrora eran desechadas por los cultivos tradicionales de exportación.  El campesinado sufre otra etapa de despojo y pierde opciones, sin políticas claras de compensación, para la producción de alimentos para su consumo, además de los vínculos identitarios sobre la tierra para las comunidades indígenas. 

Algo valioso y sustantivo ha sido que tanto la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural, como la Política de Desarrollo Rural, aprobada en el año 2009 y el lanzamiento en la presente administración del Plan para activar y adecuar La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, todas estas ubican como sujeto priorizado a la economía campesina.  Esta se concibe como “el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema.  La economía campesina es poli-activa y sus expresiones varían de región en región, determinadas por los elementos socioculturales y por los factores físicos del entorno.  Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades” 

Se espera que las políticas públicas actuales, tanto en desarrollo rural, como en seguridad alimentaria respondan a este desafío planteado, en el cual el centro del desarrollo son las familias campesinas y su proceso de reproducción del alimento y de la vida. 

El Desarrollo Rural y las Mujeres en Guatemala, retos y desafíos:

Por Carmen Reina, directora del IDR.

El modelo de distribución agraria en Guatemala es concentrador. La alta concentración de tenencia de tierra en Guatemala (1.86% de la población tienen 56.59% de la tierra cultivable) tiene tanto una dimensión racista y patriarcal. Cuando se habla de Patriarcado, hablamos de un modelo que coloca a la idea y figura de un hombre mayor que impone su poder sobre seres humanos que se consideran inferores: mujeres, niñez y juventud y hombres que sean menos fuertes.

El Patriarcado se suma al Capitalismo Neoliberal y al Racismo como formas de opresión  sobre las mujeres en la actualidad.

Solo 23.6% de los propietari@s de la tierra son indígenas y en total solo 6.5% son mujeres
(PNUD, 2002:10).  Es destacable que 80% de las mujeres indígenas están relacionadas de diversas maneras a la cuestión de la tierra o la agricultura

La exclusión de las mujeres a la propiedad de la tierra, de acceso a créditos e insumos para producir son  una forma de violencia económica y patrimonial, incluso reconocida en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

El despojo de territorios por los megaproyectos son nuevas formas de violencia contra la vida, cuerpos y territorios de las mujeres, que el Estado y empresas trasnacionales impulsan.

Dificultades del Acceso a la Tierra para Mujeres:

 PATRIARCADO CULTURAL: se considera que las mujeres son apéndice de hombres(marido, padres, hermanos, hijos) y no necesitan la propiedad de la tierra. No se consideran a las mujeres como sujetas de derecho de propiedad agraria.
 EL MERCADO: Desde la firma de la Paz, los mecanismos de acceso a tierras se fueron hacia el mercado y son desiguales y excluyentes para las mujeres (créditos, asesoría técnica, propiedad, capacidad de pago, etc.)
 En COOPERATIVAS se previlegia la figura del JEFE DE FAMILIA.
 La copropiedad ha sido excluyente en la práctica: en Ley y Reg. Fondo de Tierras se reconoce, pero mujer debe probar que es campesina y muchas veces la forzan a firmar y los hombres venden.


En el contexto anterior, mujeres rurales y campesinas se han planteado trascender desde la demanda de la copropiedad, hasta la propiedad directa para las mujeres (Alianza de Mujeres Rurales).

De igual manera, esperan que a partir de la aplicación de la Política de Desarrollo Rural, ya vigente, se impulsen mecanismos concretos para las mujeres y no sólo para el jefe de hogar como propietario de tierra.  No se visualizan las madres solas jefas de hogar, ante la migración de hombres, madres solteras, viudas, mujeres solteras, etc.

Además han propuesto que el Estado busque proveer y facilitar el acceso a propiedad de tierras, de manera individual o colectiva para las mujeres campesinas. Esto se vincula al derecho a la alimentación, a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Tal como señalan: “Para nosotras defender el territorio, significa defender la vida.
Vamos hacia el  vivir en armonía, desde nuestra propia concepción del mundo, consideramos que Somos un TODO coexistiendo en un TODO.”

Estamos trabajando en una segunda etapa en la Comunidad Sotzil, en Chajul, El Quiche.  Con apoyo de la Fundacion Ixil, KENOLI y Swift estamos impulsando la propuesta del Buen Vivir Comunitario con 108 familias de esta comunidad.  Trabajamos aspectos como huertos familiares, con el cultivo de Hortalizas, gallinas criollas, estufas mejoradas.  Pero además, hemos iniciado un proceso de formación de liderazgo y promoción de las mujeres ixiles en su empoderamiento y participación, coordinado con el liderazgo local.  Agradecemos el apoyo de nuestros técnicos, Nicolás Estrada y Loyda Cobo, que se encuentran directamente allá.

Un buen inicio de esta nueva fase del Buen Vivir Comunitario.

Saludos.

Carmen Reina
Nueva Directora del IDR

Para abordar el desarrollo rural

Estimados amigos de IDR

Les adjunto un articulo aparecido en Siglo21 el dia 29 de nov de 2011, de MarioGarcia, quien comenta la propuesta de las universidades de Guatemala, Landivar y SanCarlos, sobre como abordar el tema del DRI.

Saludos
Elmer Lopez Rodriguez
Director IDR
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Para abordar el desarrollo rural
Mario A. García Lara
mglara@siglo21.com.gt


La pobreza es el principal problema del área rural guatemalteca, y también lo es la baja productividad en el campo. Ambos son las dos caras de una misma medalla, que no es exclusiva de la ruralidad guatemalteca. Muchos expertos en desarrollo, como Abhijit Banerjee, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.


En un mundo caracterizado por esa volatilidad de precios, la actividad agrícola no es el mejor mecanismo para que los pobres se protejan de tales vaivenes. Sin embargo, sacar a los pobladores rurales de sus actividades ancestrales, o sustituirlas con técnicas más productivas, es una tarea política y socialmente compleja, por lo que elevar la productividad en el área rural es uno de los principales desafíos para las políticas públicas en los próximos años.

En ese sentido, es oportuna la reciente propuesta conjunta de las universidades Rafael Landívar (y su instituto de ambiente y recursos naturales —IARNA—) y de San Carlos (y su instituto de problemas nacionales —IPNUSAC—) para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala. La propuesta se refiere a la problemática de la pobreza rural, la desnutrición crónica y la degradación ambiental, y al respecto plantea la necesidad de lograr un acuerdo nacional que defina las políticas prioritarias para enfrentar esos retos.

Entre los aspectos positivos de la propuesta destacan el abandono del antagonismo ideológico, como punto de partida para abordar este delicado tema, así como la identificación de varios puntos de convergencia entre la visión economicista del desarrollo rural (que enfatiza el aumento de la productividad) y el modelo de economía campesina (que se centra en el combate a la pobreza) que, hasta ahora, eran vistos como contrapuestos. Tales puntos de convergencia incluyen la búsqueda de la competitividad, la inserción en los mercados mundiales, la subsidiariedad del Estado hacia los campesinos pobres, así como el rol primordial de la inversión privada y de la empresarialidad rural.

Si bien la propuesta de IPNUSAC-IARNA reconoce la posibilidad de construir sobre las convergencias identificadas, recomienda que los vacíos que existen en ambos modelos (economicista y campesino) se llenen en el mediano plazo mediante el ejercicio de una ciudadanía plena de los campesinos, el enfoque territorial de las políticas y el cuidado de la sostenibilidad ambiental, mientras que en el corto plazo aboga por rescatar la política de seguridad alimentaria y nutricional abandonada casi desde su nacimiento en el gobierno de Óscar Berger.

No obstante lo anterior, la propuesta de IPNUSAC-IARNA tiene algunas debilidades que deben solventarse antes de lograr un acuerdo nacional que de verdad sea útil para el desarrollo rural. Por ejemplo, la inclusión de varias políticas polémicas como la concesión de subsidios estatales a los agricultores o la “recuperación” de tierras ociosas, que en otros países no han sido precisamente exitosas. O la curiosa defensa que hace de la iniciativa de Ley 4084, presentada por la UNE durante la actual legislatura, cuando se trata de una ley internamente inconsistente y políticamente inaplicable que resulta perversa, pues, lejos de ayudar al desarrollo rural, desvía la discusión hacia temas ideológicos. Desafortunadamente, la propuesta pone dicha iniciativa de ley (así como la política de desarrollo rural del actual gobierno, igualmente inconsistente e impracticable) como un “piso” para el diálogo (pero, curiosamente, el excelente documento técnico sobre desarrollo rural que el propio IARNA preparó en 2006 en el contexto del esfuerzo del Plan Visión de País ni siquiera se menciona en la bibliografía de la actual propuesta).

Si estas debilidades logran superarse, la propuesta de IPNUSAC-IARNA es un buen punto de partida para lograr una verdadera política de largo plazo para el desarrollo rural que el país reclama con urgencia

Hoja de Ruta para el Desarrollo Rural Integral de Guatemala

Estimad@s amig@s de IDR

El 22 de Noviembre 2011 el Presidente aceptó la propuesta de hoja de ruta para implementar la propuesta de DRI para Guatemala que las Universidades de San Carlos y Landivar le propusieron al presidente electo, Otto Perez.

La Hoja de Ruta señala como debe crearse confianza en el pais para que se pueda profundizar en otros temas claves del desarrolo rural de Guatemala.

Por la importancia que tiene este documento y porque el IDR ha participado activamente en este proceso, publicamos el documento integro de la HOja de Ruta que aprobó el presidente el pasado 22 de nov.

Saludos cordiales

Elmer Lopez Rodriguez
Director IDR
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HOJA DE RUTA PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE ABORDAJE DEL DESARROLLO RURAL DE LA USAC Y LA URL


1. Elementos de Contexto

El tema del Desarrollo Rural está posicionado en la agenda nacional. En la campaña electoral recién finalizada tuvo un nivel de importancia que contribuyó a ese posicionamiento. De igual manera, la propuesta que presentaron las universidades USAC y URL añadió atención al tema. El Presidente electo, en su oportunidad, ofreció tomar en cuenta dicha propuesta, que aborda una temática que forma parte fundamental de su Plan de Gobierno. Más recientemente, manifestó su anuencia a escuchar una propuesta que aborde “el cómo” del proceso de implementación, definiendo para ello, una posible hoja de ruta.

La falta de Desarrollo Rural, además de la relevancia nacional que tiene, se ha caracterizado por ser un tema que produce gran conflictividad social y política en el país. La gobernabilidad democrática está amenazada por esta situación. En las actuales condiciones, la resistencia de los sectores empresariales a la iniciativa de ley 4084 aumenta la potencialidad de conflicto Las expectativas encontradas que al respecto existen, así como la conflictividad agraria y socioambiental prevaleciente, requieren de una política de Estado dirigida a lograr, de manera sostenible, el desarrollo integral del país. Sin embargo, la magnitud de la problemática hace necesario un acuerdo nacional que se construya a partir del camino ya avanzado durante los últimos diez años. Contra esta necesidad conspira la ausencia de un liderazgo que conduzca este proceso, dada las desconfianzas existentes. La Presidencia de la República tiene la oportunidad de liderar un esfuerzo de búsqueda de un pacto por el desarrollo rural integral, tal como lo plantean las universidades, pero para ello deberá ganarse la confianza de los actores confrontados, mediante prácticas inmediatas y contundentes.

En las presente notas de plantea una hoja de ruta que está dirigida a generar las condiciones que permitan la creación de esa confianza, mediante un ejercicio de gobierno que en los primeros tres meses demuestre voluntad y capacidad de implementar una política nacional de desarrollo rural integral del país, basada en la propuesta metodológica de las Universidades de San Carlos y Rafael Landívar, así como de liderar un pacto social y político que sustente la acción gubernamental.
 

2. Elementos de la Hoja de Ruta

2.1 Discurso presidencial

El Presidente declara públicamente, en su discurso de toma de posesión la prioridad que en su gobierno se le dará al desarrollo rural integral y asume la propuesta de abordaje de la USAC y la URL. Plantea que la primera etapa para poder construir un pacto por el DRI es la construcción de confianza hacia el liderazgo presidencial que lo conducirá. El Presidente asume personalmente esa responsabilidad política.

2.2 Se activan dos intersecciones para iniciar el proceso

Para lograr construir confianza, el Presidente asume dos de las intersecciones y los supuestos correspondientes, planteadas por las universidades, las cuales considera particularmente relevantes. Etas son:

1. La economía campesina

2. La inversión privada en territorios rurales

En el primer caso, se trata de impulsar una política pública dirigida a promover la economía campesina para que sea exitosamente excedentaria, generadora de alimentos para revitalizar los sistemas alimentarios locales, y dinamice las economías locales.

En el segundo caso, se trata de promover la inversión privada que cree empleo y pague impuestos, pero que se califique sobre la base de los criterios de sostenibilidad ambiental, equidad en la distribución de la riqueza que produce y respeto a la multiculturalidad que caracteriza Guatemala.

2.3 Se forma Comité de Acompañamiento y Comité Técnico

El Presidente invita a conformar el Comité de Acompañamiento a la Presidencia para construir y promover el proceso de construcción del pacto, constituido por los rectores de URL y USAC.

El Presidente y los rectores nombran un Comité Técnico, constituido de la siguiente manera:

• Un Representante titular y uno suplente de la Presidencia de la República.

• Un Representante titular y uno suplente del Rector de la USAC.

• Un Representante titular y uno suplente del Rector de la URL.

2.4 Presidente constituye dos Comisiones del Organismo Ejecutivo

(i) Objetivos: Estas comisiones tienen el objetivo de diseñar, planificar y operar:

• Un plan de promoción y concreción de la economía campesina, a partir de la activación y adecuación de la actual Política de Desarrollo Rural Integral, PNDRI.

Esta activación y adecuación de la política permitirá tener criterios para promover la promulgación de la ley de desarrollo rural integral (4084).

Paralelamente a la elaboración del Plan, el MAGA deberá proceder a realizar las adecuaciones necesarias, sobre la base de lo ya avanzado, para que la economía campesina efectivamente se convierta en el sujeto priorizado de su política sectorial, para lo cual la atención a dicho actor deberá convertirse en el espacio de articulación de las acciones que efectúen el VISAN y el VIDER, de manera coherente y coordinada.

• Un plan de promoción de la inversión privada en territorios rurales. Este plan deberá desarrollar los contenidos e indicadores que permitan calificar la inversión privada sobre la base de los supuestos que plantea la propuesta de las universidades (sostenibilidad ambiental, equidad en la distribución de la riqueza que se produce y respeto a la multiculturalidad)

(ii) Integración de las comisiones:

• Comisión uno (Economía Campesina): Ministros del Agricultura y de Desarrollo Social, Secretarios de Asuntos Agrarios y de Seguridad Alimentaria.

• Comisión dos (Inversión Privada) : Ministros de Economía, de Ambiente, dek MAGA y de Cultura, y Director de Pronacom.

(iii) Plazos:

• Plazo para elaborar el plan: un mes

• Plazo para iniciar la implementación del plan y tener resultados preliminares: tres meses después de que Presidencia apruebe el plan.

• Plazo para iniciar la adecuación del MAGA para atender la economía campesina: inmediatamente.

4.5 El Presidente podrá asumir alguna (s) otra (s) intersecciones en cualquier momento.

Conforme avance el proceso y cuando el Presidente así lo considere, podrá, en este etapa de construcción de confianza en el liderazgo del Ejecutivo, asumir otras intersecciones

Hasta acá llega esta hoja de ruta. El resto se puede elaborar con más criterios, luego de iniciar la implementación de los planes.

4.6 Convocatoria al Pacto por el DRI, ya cimentado un nivel de confianza.

La Presidencia podrá convocar a la construcción del Pacto por el DRI cuando el nivel de confianza entre los actores esté activado. Este momento lo definirá el Presidente, en consulta con el Comité de acompañamiento (rectores). Esta etapa requerirá la elaboración de otra hoja de ruta.

Guatemala, 22 de noviembre de 2011.

Abordaje del Desarrollo Rural Integral para Guatemala

Estimados amigos de IDR

Adjuntamos un articulo de Tomas Rosada el cual aparecio en PrensaLibre del 10 de noviembre de 2011. Este articulo es un comentario a una propuesta de abordaje que las Universidades de San Carlos y Landivar propusieron a los candidatos a presidentes. El Sr. Otto Perez, ganador de la contienda ofreció darle seguimiento a esta propuesta.

La publicacion en el blog de IDR tiene varias razones. 1. la propuesta ha tenido una gran acogida por los generadores de opinion publica del pais; 2. la propuesta esta en linea con el pensamiento de IDR el cual privilegia la economia campesina como el actor fundamental y sujeto priorizado del campo; 3. el equipo tecnico del IDR participo en la elaboracion de la propuesta.

Asi que dejo con ustedes el analisis de Tomas Rosada.

Saludos cordiales

Elmer Lopez
Director IDR
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Desarrollo rural y la propuesta USAC-URL (parte I)


“(…) queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.”

Sigo con la discusión de la semana pasada, intentando resonar ideas para aprovechar la ventana de oportunidad que parece estarse abriendo para avanzar en una agenda de desarrollo rural. Hoy comparto dos o tres impresiones iniciales al documento “Propuesta para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala”, que hace unos días han puesto sobre la mesa las universidades San Carlos y Rafael Landivar.

Después de leerlo me han quedado tres gratos mensajes. Tres valores que quizás no destilan a primera vista, pero que deben realzarse.

El primero es el valor ciudadano del ejercicio. Es un documento que construye, que aporta, que critica pero que también propone. Como solíamos decir en la U hace algunos años: ¡protesta con propuesta! Eso es positivo. Es un mensaje al resto de la comunidad universitaria nacional, para que de vez en cuando se arremanguen las mangas de la camisa y salgan de la torre de marfil a hablarle a un público mucho más amplio que el que solamente puede acceder a sus aulas.

Nuestras universidades tienen que hacer más de esto. La ciudadanía necesita municiones para poder dar la pelea de la auditoría social y la incidencia sobre una clase política que no responde a intereses nacionales ni objetivos de largo plazo.

El segundo valor es eminentemente conceptual – como era de esperarse de dos instituciones de educación superior y de dos equipos de trabajo serios y ampliamente conocidos en nuestro medio –. Ofrece una sintética pero sustanciosa presentación y discusión de dos modelos, dos paradigmas, dos visiones de desarrollo rural: el modelo empresarial y el modelo de economía campesina.

El texto me parece que debiera ser lectura obligada para todos. Incluso para aquellos que no están directamente involucrados en el desarrollo rural. Ayuda a redondear la comprensión de los problemas nacionales. Y a los ciudadanos urbanos con poca exposición a la realidad rural, nos acerca a esa otra mitad del país que usualmente omitimos en el discurso y análisis.

En síntesis, queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.

Finalmente, el tercer valor es de naturaleza política. El texto tiende puentes de encuentro entre visiones que históricamente han estado contrapuestas. Esto es ya un gran valor agregado en sí mismo, sobre todo cuando sucede en una sociedad más acostumbrada a la crítica y la descalificación que a reconocer el derecho al disenso y aprovechar la riqueza que nace en la diversidad de enfoques de desarrollo.

Pero además tiene otra gran virtud política: reconoce el esfuerzo previo, el camino andado. No solamente rescata los puntos positivos de estos dos modelos de desarrollo rural, sino también señala la importancia de seguir avanzando a partir de acciones concretas que el gobierno ya ha tomado. Por ejemplo, la política de desarrollo rural integral y la iniciativa de ley 40 84 para el desarrollo rural integral.

En la coyuntura actual, donde se está cerrando un ciclo político y se abre uno nuevo, y donde además se están redefiniendo prioridades y recursos públicos que deberán hacerse disponibles para el 2012, la pertinencia de este tipo de insumos se amplifica. Sería deseable que el nuevo equipo que hará gobierno, y la clase política en un sentido más amplio, le saquen el mayor provecho posible. Como bien dice uno de los párrafos del documento, es un claro ejemplo de cómo (sic) “la academia puede contribuir en la búsqueda de intersecciones y complementariedades entre los planteamientos que alrededor del desarrollo rural integral se elaboran”.

Confieso que me he quedado “picado”, como decimos en buen chapín. Por razones de espacio será en una siguiente columna cuando discuta algunos puntos más en la parte sustantiva que me parecieron sugerentes y provocadores.

De cualquier manera, desde ya felicito a la USAC y la URL y los invito a seguir ahondando en este tema y otros que conforman la agenda de problemas estructurales en Guatemala. ¡Animo y adelante!

Prensa Libre, 10 de noviembre de 2011