Instituto para el desarrollo rural
Oferta Servicios Financieros Rurales en Guatemala
Un resumen
Por Carlos González
Equipo Técnico IDR
Instituto para el desarrollo rural
Noviembre de 2010
Oferta de Servicios Financieros Rurales en Guatemala
La oferta de crédito y de servicios financieros a la población rural de los países en desarrollo en general se ha mostrado como una tarea muy difícil de realizar. Los errores del pasado, cometidos por la banca de desarrollo y su consecuente cierre, llevaron a una disminución considerable de la oferta de crédito para el sector.
Si bien en años recientes ha habido una evolución en las estrategias de desarrollo agrícola y rural, ésta representa un cambio fuerte de un esquema de políticas intervencionistas orientadas a la oferta, hacia un esquema más liberal orientado al mercado. La liberalización del sector financiero incluye la eliminación de las políticas de tasas de interés reguladas y programas de crédito dirigidos, así como la reestructuración o liquidación de los bancos estatales de desarrollo agrícola.
Estos cambios deberían inducir hacia un sistema financiero rural sostenible; sin embargo, inicialmente han llevado a una disminución de la oferta formal de crédito rural y agrícola. La mayor parte de los bancos no cuentan con una red de sucursales a nivel rural y tampoco cuentan con experiencia en el crédito rural para atender a los pequeños productores. Como resultado de ello mucha gente en el área rural continúa dependiendo de fuentes informales de financiamiento.
La falta de una intermediación financiera impide el desarrollo y obstaculiza los esfuerzos de reducción de la pobreza rural. Sin embargo, ya se han dado algunas iniciativas para proveer de servicios de crédito a micro, pequeños y medianos empresarios rurales, especialmente de parte de los bancos de desarrollo reestructurados, las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) y de las organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF). Estas últimas han ganado mayor experiencia en la atención de clientes rurales, tratando de transferir tecnologías microcrediticias utilizadas en áreas urbanas al área rural. Pero aún habiendo extendido su actividad hacia el área rural, todavía su atención a los productores agrícolas es muy limitada. No se debe olvidar que el desarrollo del mercado financiero rural incluye la oferta de ambos: crédito agrícola y no agrícola, así como facilidades para otros productos microfinancieros.
Contexto Nacional de los Intermediarios de Servicios Micro-Financieros
El número y alcance de instituciones que ofrecen servicios financieros al sector de la micro, pequeña y mediana empresa ha crecido significativamente en los últimos diez años. A diciembre 2005, se reportan datos de 21 OPDF´s, 12 Cooperativas de Ahorro y Crédito y 2 Bancos Comerciales, atendiendo al mercado urbano y rural con carteras de créditos de Q655 millones Q1,042 millones y Q1,384 millones respectivamente, sumando una cartera total de microcréditos de Q3,081 millones distribuida entre 268,134 clientes activos.
Como se puede ver, la oferta de servicios microfinancieros y sobre todo de microcrédito está experimentando avances importantes que pueden redundar en el fortalecimiento y expansión de este mercado en el mediano y corto plazo.
Partiendo de que las OPDF´s reportan que el 70% de su cartera equivalente a Q458.5 millones, se concentra en el área rural, se puede deducir que solamente un 15% de los Q3,081 millones está dirigido al área rural lo cual indica que la prestación de servicios de crédito para esta población siguen siendo mínimos.
Por otro lado, la distribución geográfica, tanto urbana como rural de los créditos, muestra una alta concentración en el departamento de Guatemala que absorbe el 48% de los mismos, seguida por Quiché con 8%, Totonicapán con 5% y Huehuetenango con el 4%. Por lo tanto, podemos concluir que la concentración del crédito también se presenta en el área urbana.
En relación con el acceso al crédito de las MiPyME´s, estudios y encuestas realizados en el 2000 revelan que este servicio fue restringido, al punto que el 80.4% de los encuestados manifestó no haber recibido apoyo crediticio, y el 14.7% recibió un solo crédito. Otro estudio efectuado por IDC/USAID (2001), muestra que solamente un 15% de los empresarios había recibido crédito. De este porcentaje un 53% recibió préstamos de bancos y ONG´s. Esta información indica que de las 800,000 micro y pequeñas empresas identificadas, tanto del área urbana como rural, aproximadamente 600,000 (75% como mínimo), no tienen acceso al crédito. Esta situación creemos no ha variado sustancialmente a la fecha.
El limitado acceso de los pequeños empresarios al crédito institucional parece no deberse a la falta de recursos financieros, pues hay organizaciones como las CAC´s y los bancos que tienen sobre liquidez, ni tampoco a la falta de demanda sino más bien, a la baja capacidad de los oferentes para hacer llegar estos recursos a las micro y pequeñas empresas y, especialmente de áreas rurales.
Las OPDF´s, principales proveedoras de crédito a la micro y pequeña empresa urbana y rural, han desarrollado tecnologías específicas para llegar con servicios de crédito a este sector, sin embargo el volumen de operaciones alcanzado es bajo considerando que muchas de estas entidades tienen más de 15 años de operación; esto se debe sobre todo a debilidades técnicas, administrativas, de no adecuación de sus productos a las necesidades de los empresarios y financieras que obviamente limitan su potencial de crecimiento.
Por su parte, el sistema bancario constituye una importante red oferente de servicios financieros tanto a nivel urbano como rural, sin embargo a la fecha solamente cuatro bancos han iniciado operaciones de financiamiento a la microempresa, quedando “sub-utilizada” una importante capacidad instalada para atender a una amplia proporción de la demanda de servicios financieros, existentes en Guatemala. Esta escasa participación del sistema bancario en el financiamiento a la MIPyME puede explicarse por el desconocimiento del sector, los costos elevados que implica el desarrollo de tecnologías adecuadas al sector, el supuesto riesgo que conlleva el sector, las normas de crédito que consideran las garantías como el elemento fundamental del crédito y la estructuración del crédito que no responde a las características de los ciclos productivos de los empresarios sobre todo rurales, entre otras.
Asimismo, hay que mencionar que frente al riesgo que implica sobre todo la actividad agropecuaria, en el país solo muy recientemente se está tocando el tema del Seguro Agropecuario como un producto complementario al crédito agropecuario. A partir del 2005 el Ministerio de Agricultura a través del Programa Guate Invierte pretende facilitar el acceso al crédito de los pequeños y medianos productores rurales mediante la creación de un fondo de garantía que respaldará las operaciones de los intermediarios financieros, sin embargo, parece ser que nuevamente este programa de apoyo beneficiará a productores más fuertes y no a los pequeños productores agropecuarios rurales.
Lo anterior muestra que los oferentes de crédito rural enfrentan desafíos distintos, que están relacionados a la naturaleza propia de los empresarios rurales que están fuertemente vinculados a la producción agropecuaria (de alto riesgo) y que además deben enfocarse hacia la sostenibilidad financiera institucional, por lo que para incursionar en el crédito rural con sus riesgos inherentes, será necesario que introduzcan ciertos mecanismos que les permitan atender la demanda de los productores rurales sin asumir riesgos demasiado elevados.
Características y Actividades Económicas de la población rural en Guatemala
El censo del Instituto Nacional de Estadística durante 2002, señala que la población rural[6] está compuesta por unos seis millones, lo cual representa el 54% de la población total (INE, 2002).
Por su parte, los resultados del último informe de Desarrollo Humano y Ruralidad de Guatemala (PNUD, 2004) permiten destacar los siguientes aspectos que caracterizan la población guatemalteca:
i. El país continúa siendo rural, aunque la proporción se redujo, entre 1994 y 2002, en parte por una especificación más detallada del concepto de población rural;
ii. Hay una brecha significativa entre el desarrollo humano de la población rural (índice de 0.610 en 2003) y la población urbana (índice de 0.747);
iii. La agricultura ha perdido importancia dentro de la economía nacional, siendo desplazada por la actividad comercial. La generación de empleo del sector agrícola se redujo de 74.3% en 1994 a 70.5% en 2002;
iv. La alta concentración de la tierra se redujo muy levemente entre 1979, y 2003, cuando se realizó el último informe de desarrollo humano que analiza el tema. En particular, el coeficiente de Gini de la propiedad de la tierra pasó de 0.814 en 1979 a 0.785 en 2003;
v. La composición de las exportaciones, ha sufrido cambios, por ejemplo en 2003 los artículos de vestuario constituyeron el principal rubro de exportaciones, superando las exportaciones tradicionales;
En relación a las actividades económicas de la población rural, la actividad agrícola sigue siendo relevante. El 70.5% de la población total permanece vinculada a la actividad agrícola. Cerca de 40% de la Población Económicamente Activa –PEA– se desempeña en el sector agrícola, el cual genera un poco más de 23% del PIB. El mismo Informe de Desarrollo Humano y Ruralidad, muestra que los principales usos que se dan a la tierra en el área rural son: cultivos anuales (38%), pastos (23.9%), cultivos permanentes (16.7%) y bosques (16.2%).
De acuerdo a los resultados de diferentes encuestas nacionales (INE, 1999 y –ENCOVI-, INE 2000), la PEA se compone de unos 4.0 millones de personas, en donde el desempleo abierto (basado en horas trabajadas) no es significativo, pero el subempleo (menor de 40 horas trabajadas y con personas en búsqueda de trabajo) afecta alrededor de un tercio de la PEA. Esta situación se presenta de manera más drástica en el área rural en donde se ubica el 77% de los trabajadores no remunerados del país y el 70% de las personas dedicadas al trabajo doméstico (CNOC, 2002).
La economía de Guatemala se caracteriza por su dependencia de la agricultura la cual está vinculada a las distorsiones en la distribución de la tierra y el ingreso. El 16% de la tierra es cultivada en un 88% por microproductores con un promedio de 1.5 ha, mientras que el 65% de la tierra es cultivada por el 2.5% de los productores.
La distribución porcentual de la PEA en los sectores económicos es: 52% agrícola, 15% servicios, 13% industrial y 10% comercio. Cerca del 50% de la PEA está representada por trabajadores por cuenta propia (33%) y trabajadores familiares no remunerados (14%).
