LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO REQUIERE PROFUNDAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES.

Por: Carmen Reina, directora del IDR

Guatemala, a pesar de ser un país con gran diversidad biológica natural, es uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático.  Esto es causado por la acción humana y la carencia de políticas públicas efectivas que pongan freno a este proceso de degradación ambiental y social.

Una de las principales preocupaciones durante el 2012 ha sido el recrudecimiento de la sequía en el llamado “corredor seco”, que abarca zonas en proceso de desertificación que van desde el sur de Baja Verapaz, hasta Chiquimula, en la frontera con Honduras.  El impacto más grave se sufrió ya con el incremento de casos de desnutrición aguda y crónica de infantes, el aumento generalizado de los precios de los granos básicos para alimentación y la pérdida de cultivos por las faltas de lluvias, además de la entrega tardía de fertilizantes.

El más reciente Perfil Ambiental publicado en Guatemala (2006)  señala algunas de las causas principales de este fenómeno:

- El 25% de las tierras de vocación forestal se utiliza para cultivos
tradicionales, a la par de que el 63.9% del territorio nacional
presenta un nivel alto de degradación.
- Los bosques continúan desapareciendo. En los últimos 50 años se
perdió casi el 69% de los bosques y la cobertura forestal se
pierde a razón de 73,000 hectáreas por año.
- Como mínimo, el 18% de la totalidad de especies de vida
silvestre identificadas en el país se encuentra amenazada por
destrucción de tierras y bosques, y por explotación intensiva.
- La distribución del recurso hídrico es irregular con respecto al
consumo y las fuentes de agua presentan una contaminación
generalizada.
- El 80% de los desechos sólidos recolectados se depositan a cielo
abierto.
- Guatemala es cada vez más vulnerable a los fenómenos
ambientales y a la variabilidad climática.

Guatemala supuestamente cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático y un Plan de Conservación de las Regiones Secas de Guatemala, a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas; los departamentos con mayor extensión total de sistemas ecológicos secos son El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Baja Verapaz.  A pesar de lo anterior, los esfuerzos públicos son insuficientes e insostenibles para paliar el proceso creciente de desertificación y de inseguridad alimentaria.  Esto aplica en los retos para hacer reales políticas de recuperación de suelos y de combate decidido al hambre.

La intervención de los distintos actores de sociedad civil y Estado deberán implementar las medias que garanticen la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza rural y el hambre, acciones que ayudarán significativamente  a construir la resistencia a los problemas ambientales nacionales.

El IDR es parte de dos campañas nacionales que promueven e inciden por la vigencia del Derecho Humano a la Alimentación y buscan que la violación a los mismos sean justiciables.  Así, las campañas de Guatemala Sin Hambre y Vamos al Grano –CRECE- realizan esta labor.

Debemos hacernos responsables de que estas tragedias humanitarias, que principalmente afectan a niños y niñas no continúen.   No podemos permanecer insensibles cuando 5 de cada 100 mujeres en Chiquimula deben caminar hasta dos horas para conseguir una cubeta de agua para sostener sus pequeñas hortalizas y para el saneamiento, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

De ahí, que buscamos impulsar procesos de atención integral y de prevención de este desastre, para promover una vida digna para las comunidades. Esto requiere una intervención decidida desde el Estado, que frene las acciones que vulneran al ambiente y vida de las comunidades y transformen el modelo de desarrollo de Guatemala hacia un proceso más armónico con la Naturaleza y la vida.

LOS RETOS DEL DESARROLLO RURAL

LOS RETOS DEL DESARROLLO RURAL:

Carmen Reina, Directora del IDR.

La problemática rural, la necesidad de transformaciones en el agro y de cambiar el régimen de propiedad sobre la tierra han sido aspectos suficientemente abordados por las Ciencias Sociales y el movimiento campesino en Guatemala.  En el presente año, en el mes de abril, una marcha campesina caminó por 9 días desde Alta Verapaz hasta la Ciudad Capital y colocó en agenda pública el debate de resolver los problemas del desarrollo rural.  Las demandas abordaba temas históricos, estructurales, como de más reciente complejidad: la condonación de la deuda agraria, particularmente  la Chortí, moratoria a concesiones mineras, la aprobación de la ley de Desarrollo Rural, cese de desalojos y aplicación de las medidas cautelares y solución a la problemática generada por desalojos y el Ingenio Chawil Utzaj en el Polochic, entre otros.  Además, impulsar políticas que impulsen el desarrollo rural y atiendan la problemática campesina de manera urgente.

La problemática de la tierra es fundamental en Guatemala, uno de los países de América Latina donde mayor concentración de la tierra se presenta. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, el 96% de los productores solamente trabajan el 20% de la tierra y viven en condiciones de infrasubsistencia y subsistencia, mientras el 0.2% de los productores poseen el 70% de la tierra, la cual usan para la producción de agroexportación. 

Esta realidad persiste desde el modelo colonial, en el cual luego del despojo campesino con la invasión española,  se configuró la dualidad del modelo rural latifundio/minifundio, que en la Reforma Liberal, como modelo de acumulación originaria de Capital, permitió enlazar a Guatemala a la agroexportación cafetalera.   Así la economía guatemalteca se vinculó al mercado internacional, en el marco de reproducción de relaciones sociales y salariales no capitalistas, sino cuasi serviles.

En la historia nacional se registra la Reforma Agraria arbencista como el único intento de ruptura del modelo concentrador de la tierra para la agroexportación.  Al ser truncado este esfuerzo en la contrarevolución de 1954 fue el caldo de cultivo para las luchas campesinas que se vincularon al movimiento revolucionario y que alimentaron la lucha guerrillera de 30 años en Guatemala.  Al firmarse la Paz, incluso, un tema nodal abordado en los Acuerdos fue el de la Situación Agraria, considerando que la pobreza y exclusión de la población campesina fue una de las causas centrales del Conflicto Armado Interno.

De ahí en adelante se impulsaron una serie de modelos, instituciones y políticas en función de atender la problemática rural, con magros resultados.  Las organizaciones campesinas mantienen luchas y demandas porque el Estado responda con políticas públicas hacia la pobreza, falta de tierras para cultivo, empleos, carencia de asistencia técnica, insumos, mercado para productos, entre otras.  El modelo exportador, luego de la crisis internacional de precio del café, tornó a la diversificación de cultivos.  Los agroexportadores se cifraron en ampliar la producción de caña, palma africana, frutas, vegetales y otros cultivos no tradicionales, aunque el café no pierde su peso en la economía nacional.

Además de lo anterior, se profundiza y amplía otro modelo que afecta las tierras y territorios campesinos e indígenas: la exploración de petróleo, minería, construcción de hidroeléctricas e infraestructura con presencia de empresas trasnacionales.  La industria extractiva inicia otra fase de reconcentración de las tierras que otrora eran desechadas por los cultivos tradicionales de exportación.  El campesinado sufre otra etapa de despojo y pierde opciones, sin políticas claras de compensación, para la producción de alimentos para su consumo, además de los vínculos identitarios sobre la tierra para las comunidades indígenas. 

Algo valioso y sustantivo ha sido que tanto la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural, como la Política de Desarrollo Rural, aprobada en el año 2009 y el lanzamiento en la presente administración del Plan para activar y adecuar La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, todas estas ubican como sujeto priorizado a la economía campesina.  Esta se concibe como “el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema.  La economía campesina es poli-activa y sus expresiones varían de región en región, determinadas por los elementos socioculturales y por los factores físicos del entorno.  Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades” 

Se espera que las políticas públicas actuales, tanto en desarrollo rural, como en seguridad alimentaria respondan a este desafío planteado, en el cual el centro del desarrollo son las familias campesinas y su proceso de reproducción del alimento y de la vida.