martes, 29 de noviembre de 2011

Para abordar el desarrollo rural

Estimados amigos de IDR

Les adjunto un articulo aparecido en Siglo21 el dia 29 de nov de 2011, de MarioGarcia, quien comenta la propuesta de las universidades de Guatemala, Landivar y SanCarlos, sobre como abordar el tema del DRI.

Saludos
Elmer Lopez Rodriguez
Director IDR
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Para abordar el desarrollo rural
Mario A. García Lara
mglara@siglo21.com.gt


La pobreza es el principal problema del área rural guatemalteca, y también lo es la baja productividad en el campo. Ambos son las dos caras de una misma medalla, que no es exclusiva de la ruralidad guatemalteca. Muchos expertos en desarrollo, como Abhijit Banerjee, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.


En un mundo caracterizado por esa volatilidad de precios, la actividad agrícola no es el mejor mecanismo para que los pobres se protejan de tales vaivenes. Sin embargo, sacar a los pobladores rurales de sus actividades ancestrales, o sustituirlas con técnicas más productivas, es una tarea política y socialmente compleja, por lo que elevar la productividad en el área rural es uno de los principales desafíos para las políticas públicas en los próximos años.

En ese sentido, es oportuna la reciente propuesta conjunta de las universidades Rafael Landívar (y su instituto de ambiente y recursos naturales —IARNA—) y de San Carlos (y su instituto de problemas nacionales —IPNUSAC—) para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala. La propuesta se refiere a la problemática de la pobreza rural, la desnutrición crónica y la degradación ambiental, y al respecto plantea la necesidad de lograr un acuerdo nacional que defina las políticas prioritarias para enfrentar esos retos.

Entre los aspectos positivos de la propuesta destacan el abandono del antagonismo ideológico, como punto de partida para abordar este delicado tema, así como la identificación de varios puntos de convergencia entre la visión economicista del desarrollo rural (que enfatiza el aumento de la productividad) y el modelo de economía campesina (que se centra en el combate a la pobreza) que, hasta ahora, eran vistos como contrapuestos. Tales puntos de convergencia incluyen la búsqueda de la competitividad, la inserción en los mercados mundiales, la subsidiariedad del Estado hacia los campesinos pobres, así como el rol primordial de la inversión privada y de la empresarialidad rural.

Si bien la propuesta de IPNUSAC-IARNA reconoce la posibilidad de construir sobre las convergencias identificadas, recomienda que los vacíos que existen en ambos modelos (economicista y campesino) se llenen en el mediano plazo mediante el ejercicio de una ciudadanía plena de los campesinos, el enfoque territorial de las políticas y el cuidado de la sostenibilidad ambiental, mientras que en el corto plazo aboga por rescatar la política de seguridad alimentaria y nutricional abandonada casi desde su nacimiento en el gobierno de Óscar Berger.

No obstante lo anterior, la propuesta de IPNUSAC-IARNA tiene algunas debilidades que deben solventarse antes de lograr un acuerdo nacional que de verdad sea útil para el desarrollo rural. Por ejemplo, la inclusión de varias políticas polémicas como la concesión de subsidios estatales a los agricultores o la “recuperación” de tierras ociosas, que en otros países no han sido precisamente exitosas. O la curiosa defensa que hace de la iniciativa de Ley 4084, presentada por la UNE durante la actual legislatura, cuando se trata de una ley internamente inconsistente y políticamente inaplicable que resulta perversa, pues, lejos de ayudar al desarrollo rural, desvía la discusión hacia temas ideológicos. Desafortunadamente, la propuesta pone dicha iniciativa de ley (así como la política de desarrollo rural del actual gobierno, igualmente inconsistente e impracticable) como un “piso” para el diálogo (pero, curiosamente, el excelente documento técnico sobre desarrollo rural que el propio IARNA preparó en 2006 en el contexto del esfuerzo del Plan Visión de País ni siquiera se menciona en la bibliografía de la actual propuesta).

Si estas debilidades logran superarse, la propuesta de IPNUSAC-IARNA es un buen punto de partida para lograr una verdadera política de largo plazo para el desarrollo rural que el país reclama con urgencia

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