LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO REQUIERE PROFUNDAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES.

Por: Carmen Reina, directora del IDR

Guatemala, a pesar de ser un país con gran diversidad biológica natural, es uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático.  Esto es causado por la acción humana y la carencia de políticas públicas efectivas que pongan freno a este proceso de degradación ambiental y social.

Una de las principales preocupaciones durante el 2012 ha sido el recrudecimiento de la sequía en el llamado “corredor seco”, que abarca zonas en proceso de desertificación que van desde el sur de Baja Verapaz, hasta Chiquimula, en la frontera con Honduras.  El impacto más grave se sufrió ya con el incremento de casos de desnutrición aguda y crónica de infantes, el aumento generalizado de los precios de los granos básicos para alimentación y la pérdida de cultivos por las faltas de lluvias, además de la entrega tardía de fertilizantes.

El más reciente Perfil Ambiental publicado en Guatemala (2006)  señala algunas de las causas principales de este fenómeno:

- El 25% de las tierras de vocación forestal se utiliza para cultivos
tradicionales, a la par de que el 63.9% del territorio nacional
presenta un nivel alto de degradación.
- Los bosques continúan desapareciendo. En los últimos 50 años se
perdió casi el 69% de los bosques y la cobertura forestal se
pierde a razón de 73,000 hectáreas por año.
- Como mínimo, el 18% de la totalidad de especies de vida
silvestre identificadas en el país se encuentra amenazada por
destrucción de tierras y bosques, y por explotación intensiva.
- La distribución del recurso hídrico es irregular con respecto al
consumo y las fuentes de agua presentan una contaminación
generalizada.
- El 80% de los desechos sólidos recolectados se depositan a cielo
abierto.
- Guatemala es cada vez más vulnerable a los fenómenos
ambientales y a la variabilidad climática.

Guatemala supuestamente cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático y un Plan de Conservación de las Regiones Secas de Guatemala, a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas; los departamentos con mayor extensión total de sistemas ecológicos secos son El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Baja Verapaz.  A pesar de lo anterior, los esfuerzos públicos son insuficientes e insostenibles para paliar el proceso creciente de desertificación y de inseguridad alimentaria.  Esto aplica en los retos para hacer reales políticas de recuperación de suelos y de combate decidido al hambre.

La intervención de los distintos actores de sociedad civil y Estado deberán implementar las medias que garanticen la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza rural y el hambre, acciones que ayudarán significativamente  a construir la resistencia a los problemas ambientales nacionales.

El IDR es parte de dos campañas nacionales que promueven e inciden por la vigencia del Derecho Humano a la Alimentación y buscan que la violación a los mismos sean justiciables.  Así, las campañas de Guatemala Sin Hambre y Vamos al Grano –CRECE- realizan esta labor.

Debemos hacernos responsables de que estas tragedias humanitarias, que principalmente afectan a niños y niñas no continúen.   No podemos permanecer insensibles cuando 5 de cada 100 mujeres en Chiquimula deben caminar hasta dos horas para conseguir una cubeta de agua para sostener sus pequeñas hortalizas y para el saneamiento, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

De ahí, que buscamos impulsar procesos de atención integral y de prevención de este desastre, para promover una vida digna para las comunidades. Esto requiere una intervención decidida desde el Estado, que frene las acciones que vulneran al ambiente y vida de las comunidades y transformen el modelo de desarrollo de Guatemala hacia un proceso más armónico con la Naturaleza y la vida.