LA ALIMENTACIÓN ES UN DERECHO:

- Carmen Reina, Directora del IDR-

Cuando se observa la situación de Guatemala, en términos de la desigualdad, de los retos de los desafíos a los que la mitad de la población infantil se enfrenta, con desnutrición crónica, pensamos, ¿A qué nos referimos con el tema de la alimentación?  Bien, pues resulta que el alimento no debe ser enfocado como un privilegio, o una condición que dependa de las capacidades económicas de las personas.  La alimentación es un derecho humano, pues de esta es indispensable para la vida.

De acuerdo al Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, este es “el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directa, mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”

En el sentido anterior, el derecho a la alimentación vincula tres elementos:

a) Ser adecuada y suficiente, en calidad, con equilibrio nutricional par satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en su etapa vital de desarrollo.
b) Disponible para todas las personas, a partir de sus cultivos, recursos naturales y económicos para accesar a ella.
c) El acceso es físico y económico, que incluye a todas las personas, particularmente niños, niñas, personas enfermas, de la tercera edad, etc.

Esto incluye además el derecho a estar protegido contra el hambre.  En el caso de Guatemala, donde la mayoría de la población es campesina e indígena, el derecho a la alimentación, para ser efectivo, se vincula a:

- Una política de Desarrollo Rural Integral, que promueva la sostenibilidad de la producción de las familias campesinas.
- Políticas de Estado focalizadas a la población más necesitada, en particular al combate de la desnutrición de madres, niños, niñas y personas vulnerables.
- Políticas integrales de salud, educación, acceso a agua potable y desarrollo humano.
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Esto implica además condiciones de equidad entre los géneros y pertinencia cultural.

El IDR promueve el ejercicio de este derecho y propugna por un modelo de desarrollo, donde las familias impulsen su sostenibilidad y soberanía alimentaria, desde el buen vivir.